La iniciativa fue promovida por los senadores Lázaro Mazón, Minerva Hernández, Rubén Velázquez y José Luis García.
Lázaro Mazón dijo que el instituto se creará a fin de combatir la inseguridad a la que se enfrentan los periodistas por cárteles u otros actores, así como para evitar que se limite su libertad de expresión y se vulneren sus derechos laborales.
El instituto estaría organizado por los mismos informadores y tendría plena coordinación con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Se plantea facultar al instituto para que dé seguimiento y evaluación de las políticas públicas gubernamentales destinadas a la defensa y seguridad en su labor, y asegurar la asesoría jurídica y la protección física de los periodistas y de quienes dependan de ellos con un fondo que permita, a través de partidas y previsiones del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como de donaciones y aportaciones de los miembros del instituto, diversas tareas de apoyo real, como asesoría gratuita y protección física.
Estos derechos —señala la iniciativa— serán proporcionados a periodista que los solicite, “cortando de esa manera viejas prácticas que impiden favorecer a dichos trabajadores”, y se garantizará una mayor calidad de vida a los comunicadores “que hasta ahora habían sido abandonados por propuestas vacías y acciones incompletas”.
En la exposición de motivos, los senadores reconocen la labor periodística en el país y aceptan que se ha hecho “muy poco” para responder a las acciones emprendidas por los periodistas.
Diversos informes internacionales, indicaron, han señalado el grave rezago de las autoridades en la persecución de actos de violencia contra periodistas. La CNDH ha externado su preocupación por este fenómeno “y su indignación por la indiferencia de algunos representantes del poder público”, que nos ubican como el segundo lugar en el mundo en atentados contra periodistas.
El texto recuerda que la PGR resolvió crear la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), con el fin de corregir esa situación, pero “ha tenido muy poca presencia en las demandas y atención a la inseguridad en que está la profesión periodística, pues hasta 2009 la mayoría de las denuncias no han tenido respuestas y las aportaciones ciudadanas no han encontrado medios de canalización para ser atendidas correctamente”.
La propuesta señala que 2007 habría registro de 72 agresiones contra comunicadores, de las que cada tres correspondía al narcotráfico, mientras que siete periodistas siguen desaparecidos desde 2005.
MONITOREO: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL AUTOR Y MEDIO REFERIDO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario